España opera como una monarquía parlamentaria, donde el Rey sirve principalmente como una figura ceremonial con poder limitado. La verdadera autoridad recae en el Primer Ministro y los funcionarios electos que administran las funciones ejecutivas, como la formulación de políticas y la administración. Las competencias legislativas se reparten entre dos cámaras: el Congreso de los Diputados, que consta de 350 diputados elegidos cada cuatro años, y el Senado, que representa a varios territorios de España. Además, un poder judicial independiente garantiza el control de las acciones gubernamentales a través de instituciones como la Corte Suprema. Todos estos elementos se rigen por la Constitución española de 1978, establecida después del Franquismo para salvaguardar la democracia y los derechos de los ciudadanos.